PARA CONOCER ACERCA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, comenzaremos conociendo la historia del mismo.
ELABORA UN RESUMEN DEL SIGUIENTE TEXTO
El Instituto Federal Electoral fue creado el 11 de octubre de 1990 como la máxima autoridad electoral del país. Los orígenes de su creación fueron las reformas a la Constitución llevadas a cabo en 1989 y la expedición, al año siguiente, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). El Consejo General, máximo órgano directivo, sesionó por primera vez en esa fecha.
El IFE nace como una respuesta a las exigencias ciudadanas de contar con una institución electoral imparcial, que brindara plena certeza, transparencia y legalidad a los partidos en contienda como un primer paso en el camino de la democratización del país. Una de las principales contribuciones del IFE ha sido erradicar de nuestra cultura política las sombras de ilegitimidad, de duda, de desconfianza y de sospecha que rodeaba los procesos electorales.
En la actualidad, el IFE es una de las instituciones más confiables entre la ciudadanía. La organización de los procesos electorales federales se desarrolla con toda normalidad y profesionalismo; los votos se cuentan con pulcritud y sus resultados se emiten oportunamente; los partidos contribuyen significativamente en las decisiones que toma la autoridad electoral y ejercen una vigilancia minuciosa en la acciones de la institución. Además, los ciudadanos, con su participación en la recepción y conteo de los votos o como observadores electorales, aseguran la imparcialidad y efectividad del sufragio.
El IFE ha transitado por cuatro reformas electorales –1993, 1994, 1996 y 2007– que han modificado su funcionamiento en materia de organización y capacitación electorales, así como en educación cívica, Registro Federal de Electores y procedimientos de carácter sancionador.
Con la reforma electoral de 2007, el IFE tiene que cumplir con 53 nuevas atribuciones para implementar un nuevo modelo de comunicación política, con nuevas reglas que tienen como objetivos fundamentales fortalecer la confianza y la credibilidad; promover la participación ciudadana; asegurar condiciones de equidad y civilidad en la contienda, y transparentar el proceso de organización y difusión para no dejar dudas sobre la certeza de los resultados en el proceso comicial del 5 de julio de 2009. Se crearon la Contraloría General, cuyo titular es designado por la Cámara de Diputados, y la Unidad de Fiscalización, órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General.
Logros
Convertido en el árbitro electoral en México con la reciente reforma, el IFE ha organizado seis procesos federales en los cuales se han emitido 195 millones 962 mil 062 sufragios, han sido electos tres presidentes de la República, 416 senadores, tres mil diputados federales, un jefe de gobierno y 198 diputados del Distrito Federal.
En este período, ha registrado a 19 partidos políticos nacionales y varias decenas de agrupaciones políticas nacionales; a 50 candidatos a la Presidencia de la República; a dos mil 171 fórmulas para el Senado de la República; a 14 mil 474 fórmulas de mayoría relativa, y a 10 mil 394 candidaturas de representación proporcional para la Cámara de Diputados, entre otras. El IFE ha instalado 654 mil 298 casillas, que representan más del 99.9% de las programadas para cada elección. A fin de realizar su integración, se ha capacitado a un universo de 12 millones 349 mil 310 ciudadanos insaculados. También, se han registrado dos millones 743 mil 941 representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, 194 mil 254 observadores electorales y tres mil 837 visitantes extranjeros.
Desde su creación, al Instituto Federal Electoral se le confirió la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática.
El Instituto Federal Electoral tiene un carácter permanente y atiende las exigencias ciudadanas al contar con un órgano electoral imparcial que brinda plena certeza, transparencia y legalidad a los partidos en contienda como un primer paso en el camino de la democratización del país, a diferencia de los organismos comiciales que le precedieron y cuyas actividades eran temporales.
Como resultado de las reformas electorales de 1989–90, en el IFE se concentraron por primera vez funciones que antes estaban aisladas y dispersas o que ni siquiera eran consideradas, como: la actualización permanente del Padrón Electoral; el registro de partidos políticos, sus plataformas y candidatos; la entrega de las prerrogativas a los partidos; la organización de la jornada electoral; el cómputo de las votaciones y la entrega de constancias de mayoría; la capacitación electoral y la educación cívica, así como la implantación y desarrollo del servicio profesional electoral.
Antecedentes
Desde el inicio del México independiente, la organización de las elecciones estaba a cargo de los alcaldes y los jefes políticos locales y regionales, quienes imponían a discreción las prácticas y las reglas propias. No fue sino hasta 1946, cuando se federalizó la estructura electoral con la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el Secretario de Gobernación, por otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos de mayor relevancia. Simultáneamente, se crearon las comisiones locales electorales y el consejo del padrón electoral.
En 1951 se facultó a la Comisión para arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y para emitir constancias de mayoría. En 1973 se creó la Comisión Federal Electoral en cuya conformación participaban, con voz y voto, todos los partidos registrados. Ese mismo año, el Registro Nacional de Electores se volvió una entidad autónoma.
Cuatro años más tarde, en 1977, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas antes “proscritas” y propiciar su representación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones. De este modo, la Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un representante por cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.
En 1987 se realizó una nueva reforma que introdujo el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral. De esta forma, para organizar las elecciones de 1988, el PRI contaba con 16 representantes, en tanto que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo junto con los demás partidos políticos sumaban 15 asientos en la Comisión Federal Electoral.
Dos años después, en 1989, tras los cuestionados comicios del año anterior, se emprendió una nueva reforma a la Constitución. En agosto del año siguiente se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) el cual dio lugar a la creación del IFE como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, misma que, sin embargo, estaba supeditada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que el texto constitucional de 1989 establecía que la organización de las elecciones era una función estatal a cargo de dichos poderes con la participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos.
Integración del Consejo General del IFE en sus diferentes etapas
El máximo órgano de decisión del IFE es su Consejo General, el cual ha tenido diferentes conformaciones a lo largo de tres distintos momentos. En una primera etapa, se creó la figura de los Consejeros Magistrados (personalidades sin filiación partidista con una sólida formación académica y profesional en el campo del derecho), propuestos por el Presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
De esta manera, el órgano de deliberación del IFE estaba conformado por seis Consejeros Magistrados, el Presidente del Consejo General (a la sazón Secretario de Gobernación), el Director y el Secretario generales, dos diputados y dos senadores (uno de la mayoría y otro de la primera minoría, respectivamente) y un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con su fuerza electoral, conforme los resultados de la última elección. Con esta integración se efectuaron las elecciones de 1991.
La reforma electoral de 1993 le otorgó facultades al Consejo General para designar al Secretario General y a los directores ejecutivos del IFE por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a propuesta del Consejero Presidente. Antes de dicha reforma el nombramiento de los directores ejecutivos era atribución del Director General del Instituto.
La reforma electoral de 1994 fue un paso más en la “ciudadanización” y “despartidización” del órgano electoral: los partidos políticos quedaron con sólo un representante y dejaron de tener voto, pero conservaron su voz en las decisiones del Consejo General; la figura de los Consejeros Magistrados fue sustituida por los Consejeros Ciudadanos, personas que no necesariamente debían ser abogados, propuestos ya no por el Presidente de la República, sino por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Asimismo, se suprimió el voto de calidad del presidente del Consejo General en caso de empate.
Con la pérdida del derecho a voto de los representantes de partidos, los Consejeros Ciudadanos tuvieron mayoría en el órgano colegiado. El Consejo General quedó integrado por seis Consejeros Ciudadanos, cuatro Consejeros del Poder Legislativo y el Consejero Presidente. No obstante haber sido conformada esta integración dos meses antes de la jornada electoral, el proceso de 1994 fue considerado un éxito en términos de organización e imparcialidad del órgano electoral.
Luego de llevarse a cabo las elecciones de 1994, calificadas por el propio presidente Ernesto Zedillo de “legales, pero inequitativas”, en su discurso de toma de posesión se comprometió a impulsar una nueva reforma electoral que fuese el resultado del consenso de los cuatro partidos con representación en el Congreso de la Unión: el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo.
A lo largo de 18 meses, con ánimo y voluntad política que no han vuelto a repetirse, los cuatro partidos debatieron y se hicieron sensibles a la opinión de múltiples ciudadanos que demandaban mayor transparencia, legalidad, certeza, confiabilidad, imparcialidad y equidad en los procesos electorales. El resultado fueron los acuerdos para la Reforma Electoral y del Distrito Federal, conocidos como los “Acuerdos del Seminario del Castillo de Chapultepec”, que se suscribieron el 25 de julio de 1996.
La reforma se concretó en el "Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", expedido el 21 de agosto de 1996 y publicado en el Diario Oficial al día siguiente.
El artículo 41 de la Constitución reformado, a diferencia del texto de 1989, ahora establece que “la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley”.
En noviembre de 1996 y con el disenso del PAN, PRD y PT debido a que no estaban de acuerdo con los montos del financiamiento público a los partidos políticos, entre otras impugnaciones, sólo con el voto de la mayoría priísta en el Congreso de la Unión se aprobaron las modificaciones al Cofipe que establecían reglas mucho más explícitas y equitativas en cuanto a las condiciones en que deben desarrollarse las contiendas electorales.
Pero lo más importante es que la nueva disposición constitucional y legal le daba un giro central a la concepción de lo que debe ser el órgano electoral: una institución autónoma e independiente, por lo que se suprimió toda participación y representación del Poder Ejecutivo en su conformación. Además, el nuevo Cofipe eliminó las figuras de Director y de Secretario generales y se crearon las de la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.
También, se crearon las comisiones permanentes a cargo exclusivamente de consejeros electorales, con lo cual se propició que el cuerpo colegiado goce ahora de mecanismos de supervisión de la rama ejecutiva. Gracias a ello se enmendó una falla estructural del pasado que ocasionaba que los consejeros ciudadanos desconocieran las actividades de la Junta General Ejecutiva, ya que éstas sólo reportaban al Director General.
La reforma de 1996 redujo a nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, bajo la figura de consejeros electorales (ciudadanos sin filiación partidista nombrados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados); mantuvo la presencia del Poder Legislativo –ahora sólo un miembro por cada grupo parlamentario en el Congreso de la Unión-, y los partidos políticos conservaron su derecho a tener un representante cada uno. De esta forma el Consejo General está constituido por un consejero presidente y ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto); además, el Secretario Ejecutivo; los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de cada partido político con registro (todos ellos sólo con derecho a voz).
El IFE nace como una respuesta a las exigencias ciudadanas de contar con una institución electoral imparcial, que brindara plena certeza, transparencia y legalidad a los partidos en contienda como un primer paso en el camino de la democratización del país. Una de las principales contribuciones del IFE ha sido erradicar de nuestra cultura política las sombras de ilegitimidad, de duda, de desconfianza y de sospecha que rodeaba los procesos electorales.
En la actualidad, el IFE es una de las instituciones más confiables entre la ciudadanía. La organización de los procesos electorales federales se desarrolla con toda normalidad y profesionalismo; los votos se cuentan con pulcritud y sus resultados se emiten oportunamente; los partidos contribuyen significativamente en las decisiones que toma la autoridad electoral y ejercen una vigilancia minuciosa en la acciones de la institución. Además, los ciudadanos, con su participación en la recepción y conteo de los votos o como observadores electorales, aseguran la imparcialidad y efectividad del sufragio.
El IFE ha transitado por cuatro reformas electorales –1993, 1994, 1996 y 2007– que han modificado su funcionamiento en materia de organización y capacitación electorales, así como en educación cívica, Registro Federal de Electores y procedimientos de carácter sancionador.
Con la reforma electoral de 2007, el IFE tiene que cumplir con 53 nuevas atribuciones para implementar un nuevo modelo de comunicación política, con nuevas reglas que tienen como objetivos fundamentales fortalecer la confianza y la credibilidad; promover la participación ciudadana; asegurar condiciones de equidad y civilidad en la contienda, y transparentar el proceso de organización y difusión para no dejar dudas sobre la certeza de los resultados en el proceso comicial del 5 de julio de 2009. Se crearon la Contraloría General, cuyo titular es designado por la Cámara de Diputados, y la Unidad de Fiscalización, órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General.
Logros
Convertido en el árbitro electoral en México con la reciente reforma, el IFE ha organizado seis procesos federales en los cuales se han emitido 195 millones 962 mil 062 sufragios, han sido electos tres presidentes de la República, 416 senadores, tres mil diputados federales, un jefe de gobierno y 198 diputados del Distrito Federal.
En este período, ha registrado a 19 partidos políticos nacionales y varias decenas de agrupaciones políticas nacionales; a 50 candidatos a la Presidencia de la República; a dos mil 171 fórmulas para el Senado de la República; a 14 mil 474 fórmulas de mayoría relativa, y a 10 mil 394 candidaturas de representación proporcional para la Cámara de Diputados, entre otras. El IFE ha instalado 654 mil 298 casillas, que representan más del 99.9% de las programadas para cada elección. A fin de realizar su integración, se ha capacitado a un universo de 12 millones 349 mil 310 ciudadanos insaculados. También, se han registrado dos millones 743 mil 941 representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, 194 mil 254 observadores electorales y tres mil 837 visitantes extranjeros.
Desde su creación, al Instituto Federal Electoral se le confirió la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática.
El Instituto Federal Electoral tiene un carácter permanente y atiende las exigencias ciudadanas al contar con un órgano electoral imparcial que brinda plena certeza, transparencia y legalidad a los partidos en contienda como un primer paso en el camino de la democratización del país, a diferencia de los organismos comiciales que le precedieron y cuyas actividades eran temporales.
Como resultado de las reformas electorales de 1989–90, en el IFE se concentraron por primera vez funciones que antes estaban aisladas y dispersas o que ni siquiera eran consideradas, como: la actualización permanente del Padrón Electoral; el registro de partidos políticos, sus plataformas y candidatos; la entrega de las prerrogativas a los partidos; la organización de la jornada electoral; el cómputo de las votaciones y la entrega de constancias de mayoría; la capacitación electoral y la educación cívica, así como la implantación y desarrollo del servicio profesional electoral.
Antecedentes
Desde el inicio del México independiente, la organización de las elecciones estaba a cargo de los alcaldes y los jefes políticos locales y regionales, quienes imponían a discreción las prácticas y las reglas propias. No fue sino hasta 1946, cuando se federalizó la estructura electoral con la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el Secretario de Gobernación, por otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos de mayor relevancia. Simultáneamente, se crearon las comisiones locales electorales y el consejo del padrón electoral.
En 1951 se facultó a la Comisión para arbitrar el registro de nuevos partidos políticos y para emitir constancias de mayoría. En 1973 se creó la Comisión Federal Electoral en cuya conformación participaban, con voz y voto, todos los partidos registrados. Ese mismo año, el Registro Nacional de Electores se volvió una entidad autónoma.
Cuatro años más tarde, en 1977, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas antes “proscritas” y propiciar su representación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones. De este modo, la Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un representante por cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.
En 1987 se realizó una nueva reforma que introdujo el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral. De esta forma, para organizar las elecciones de 1988, el PRI contaba con 16 representantes, en tanto que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo junto con los demás partidos políticos sumaban 15 asientos en la Comisión Federal Electoral.
Dos años después, en 1989, tras los cuestionados comicios del año anterior, se emprendió una nueva reforma a la Constitución. En agosto del año siguiente se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) el cual dio lugar a la creación del IFE como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, misma que, sin embargo, estaba supeditada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que el texto constitucional de 1989 establecía que la organización de las elecciones era una función estatal a cargo de dichos poderes con la participación y corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos.
Integración del Consejo General del IFE en sus diferentes etapas
El máximo órgano de decisión del IFE es su Consejo General, el cual ha tenido diferentes conformaciones a lo largo de tres distintos momentos. En una primera etapa, se creó la figura de los Consejeros Magistrados (personalidades sin filiación partidista con una sólida formación académica y profesional en el campo del derecho), propuestos por el Presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
De esta manera, el órgano de deliberación del IFE estaba conformado por seis Consejeros Magistrados, el Presidente del Consejo General (a la sazón Secretario de Gobernación), el Director y el Secretario generales, dos diputados y dos senadores (uno de la mayoría y otro de la primera minoría, respectivamente) y un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con su fuerza electoral, conforme los resultados de la última elección. Con esta integración se efectuaron las elecciones de 1991.
La reforma electoral de 1993 le otorgó facultades al Consejo General para designar al Secretario General y a los directores ejecutivos del IFE por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a propuesta del Consejero Presidente. Antes de dicha reforma el nombramiento de los directores ejecutivos era atribución del Director General del Instituto.
La reforma electoral de 1994 fue un paso más en la “ciudadanización” y “despartidización” del órgano electoral: los partidos políticos quedaron con sólo un representante y dejaron de tener voto, pero conservaron su voz en las decisiones del Consejo General; la figura de los Consejeros Magistrados fue sustituida por los Consejeros Ciudadanos, personas que no necesariamente debían ser abogados, propuestos ya no por el Presidente de la República, sino por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Asimismo, se suprimió el voto de calidad del presidente del Consejo General en caso de empate.
Con la pérdida del derecho a voto de los representantes de partidos, los Consejeros Ciudadanos tuvieron mayoría en el órgano colegiado. El Consejo General quedó integrado por seis Consejeros Ciudadanos, cuatro Consejeros del Poder Legislativo y el Consejero Presidente. No obstante haber sido conformada esta integración dos meses antes de la jornada electoral, el proceso de 1994 fue considerado un éxito en términos de organización e imparcialidad del órgano electoral.
Luego de llevarse a cabo las elecciones de 1994, calificadas por el propio presidente Ernesto Zedillo de “legales, pero inequitativas”, en su discurso de toma de posesión se comprometió a impulsar una nueva reforma electoral que fuese el resultado del consenso de los cuatro partidos con representación en el Congreso de la Unión: el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo.
A lo largo de 18 meses, con ánimo y voluntad política que no han vuelto a repetirse, los cuatro partidos debatieron y se hicieron sensibles a la opinión de múltiples ciudadanos que demandaban mayor transparencia, legalidad, certeza, confiabilidad, imparcialidad y equidad en los procesos electorales. El resultado fueron los acuerdos para la Reforma Electoral y del Distrito Federal, conocidos como los “Acuerdos del Seminario del Castillo de Chapultepec”, que se suscribieron el 25 de julio de 1996.
La reforma se concretó en el "Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", expedido el 21 de agosto de 1996 y publicado en el Diario Oficial al día siguiente.
El artículo 41 de la Constitución reformado, a diferencia del texto de 1989, ahora establece que “la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley”.
En noviembre de 1996 y con el disenso del PAN, PRD y PT debido a que no estaban de acuerdo con los montos del financiamiento público a los partidos políticos, entre otras impugnaciones, sólo con el voto de la mayoría priísta en el Congreso de la Unión se aprobaron las modificaciones al Cofipe que establecían reglas mucho más explícitas y equitativas en cuanto a las condiciones en que deben desarrollarse las contiendas electorales.
Pero lo más importante es que la nueva disposición constitucional y legal le daba un giro central a la concepción de lo que debe ser el órgano electoral: una institución autónoma e independiente, por lo que se suprimió toda participación y representación del Poder Ejecutivo en su conformación. Además, el nuevo Cofipe eliminó las figuras de Director y de Secretario generales y se crearon las de la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.
También, se crearon las comisiones permanentes a cargo exclusivamente de consejeros electorales, con lo cual se propició que el cuerpo colegiado goce ahora de mecanismos de supervisión de la rama ejecutiva. Gracias a ello se enmendó una falla estructural del pasado que ocasionaba que los consejeros ciudadanos desconocieran las actividades de la Junta General Ejecutiva, ya que éstas sólo reportaban al Director General.
La reforma de 1996 redujo a nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, bajo la figura de consejeros electorales (ciudadanos sin filiación partidista nombrados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados); mantuvo la presencia del Poder Legislativo –ahora sólo un miembro por cada grupo parlamentario en el Congreso de la Unión-, y los partidos políticos conservaron su derecho a tener un representante cada uno. De esta forma el Consejo General está constituido por un consejero presidente y ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto); además, el Secretario Ejecutivo; los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de cada partido político con registro (todos ellos sólo con derecho a voz).
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